Italia tiene un plan pionero para la okupación: diferencia con España y qué le ocurrirá a quien "okupe un domicilio ajeno"

El Senado italiano ha aprobado este miércoles, con 109 votos a favor y 69 en contra, un controvertido decreto de seguridad que introduce penas de hasta siete años de prisión para los casos de okupación ilegal de viviendas. La reforma, impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, representa uno de los mayores giros en la política penal del país en los últimos años, con medidas que agilizan los desalojos y criminalizan prácticas como el bloqueo de carreteras durante protestas. Mientras Italia apuesta por la mano dura, el modelo español mantiene un enfoque menos severo, aunque con recientes debates sobre su eficacia.

 Nuevas medidas en Italia para la okupación

El decreto, bautizado como Decreto de Seguridad, tipifica por primera vez el delito de "okupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno" (artículo 634-bis del Código Penal italiano), castigado con penas de dos a siete años de cárcel si se emplea violencia, amenazas o engaño. Además, establece un procedimiento de urgencia que permite a la policía judicial desalojar inmediatamente la propiedad sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que existan "razones fundadas" para considerar la ocupación ilegítima.

La norma también contempla sanciones para quienes obstruyan el tráfico en manifestaciones: hasta un mes de prisión si el bloqueo es individual y de seis meses a dos años si es colectivo. En casos de cortes masivos en carreteras o vías férreas, las penas pueden alcanzar los seis años. Meloni ha defendido estas medidas como un "paso decisivo para proteger a las familias y propietarios honestos", subrayando que "la legalidad y la seguridad son pilares de la libertad".

 Críticas y contexto político  

La oposición italiana ha tachado el decreto de "autoritario" y "anti-Gandhi", en referencia a su impacto sobre protestas pacíficas. Senadores del Partido Democrático y Movimiento 5 Estrellas protagonizaron una sentada en el hemiciclo durante la votación, denunciando una "deriva represiva". No obstante, el Gobierno insiste en que la reforma responde a una demanda social: en 2024, Italia registró más de 50.000 denuncias por okupación, con procesos judiciales que podían prolongarse durante años.

 El contraste con España  

Mientras Italia aprieta las tuercas, el Código Penal español mantiene un enfoque distinto. En España, la okupación no está tipificada como delito específico, sino que se encuadra en figuras como la "usurpación de inmuebles" (artículo 245.2), castigada con multas o penas de tres a seis meses de prisión si no hay violencia o intimidación. Solo en casos de ocupación con fuerza o intimidación (artículo 244) las penas pueden llegar a los dos años y medio.

Además, los desalojos en España requieren un proceso judicial que suele demorarse meses, salvo en casos de vivienda habitual, donde la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite actuaciones más rápidas 6. Este marco legal ha generado críticas entre asociaciones de propietarios, que reclaman medidas similares a las italianas, mientras colectivos sociales alertan sobre el riesgo de criminalizar la vulnerabilidad.

 Reflexiones sobre la eficacia de las penas  

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Expertos en derecho penal subrayan que el endurecimiento de las penas no siempre garantiza resultados. En España, la última gran reforma del Código Penal (2015) eliminó las faltas y agravó sanciones para delitos como el robo, pero sin reducir significativamente su incidencia. Por otro lado, Italia enfrenta un desafío adicional: sus cárceles tienen una tasa de ocupación del 120%, lo que cuestiona la viabilidad de aplicar penas más largas.

Así, la aprobación del decreto italiano refleja una tendencia europea hacia políticas de seguridad más duras, en línea con reformas recientes en países como Francia o Suecia. Sin embargo, el caso español muestra que la solución no pasa únicamente por aumentar las penas, sino por agilizar procesos y combinar medidas legales con políticas sociales. Mientras Meloni celebra su victoria contra la "injusticia intolerable" de la okupación, en España el debate sigue abierto.