El fiscal provincial de Valencia, Antonio Gastaldi: ‘Si nadie actúa, los chavales piensan que todo vale"

La Comunitat Valenciana está viviendo una auténtica sacudida social ante el incremento de casos de violencia protagonizados por menores de edad. En apenas diez días, los juzgados de menores y las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir en situaciones que van mucho más allá de simples peleas escolares. Hablamos de palizas organizadas, agresiones sexuales, amenazas continuadas y un preocupante patrón de violencia sistemática que afecta a alumnos y adolescentes de entre 12 y 17 años.

La situación ha encendido todas las alarmas y desde distintos ámbitos se empieza a hablar ya de un problema estructural que requiere una respuesta urgente. Esta misma mañana, en Herrera en COPE Comunidad Valenciana, el fiscal de la Fiscalía Provincial de Valencia, Antonio Gastaldi, ha lanzado un mensaje contundente sobre la situación actual: “Estamos viendo brotes de violencia muy difíciles de reprimir entre menores que aún no han cumplido los 14 años. No existen mecanismos legales para actuar penalmente contra ellos”.

El problema, advierte, es doble. Por un lado, están los menores de 14 años, considerados inimputables por la legislación española, lo que les excluye de cualquier responsabilidad penal. Y por otro, están aquellos mayores de esa edad que, aunque sí pueden ser sancionados, también están protagonizando conductas cada vez más graves, muchas veces influenciados por la falta de control y las dinámicas de grupo que se generan en redes sociales.

Uno de los casos más recientes y que más conmoción ha causado ocurrió en el distrito marítimo de Valencia. Un estudiante fue brutalmente agredido por un grupo de hasta diez jóvenes encapuchados que le esperaban a la salida del colegio. La investigación policial ha revelado que se trató de un ataque premeditado y orquestado, en el que se utilizaron palos y se infligieron heridas graves a la víctima. Los detenidos han quedado en libertad.

Pero este no es el único caso. En 2023, un alumno de segundo de ESO fue presuntamente agredido sexualmente por varios compañeros durante un viaje escolar a Benalmádena. La familia ha llevado el caso a juicio, que se encuentra en fase de instrucción. Y más recientemente, dos jóvenes fueron condenados a tres años y ocho meses de prisión por la violación de una menor de 16 años en Gandía. Casos diferentes, pero con un mismo trasfondo: un incremento claro de la violencia ejercida por adolescentes.

Para Antonio Gastaldi, esta escalada de violencia tiene una explicación compleja, pero también una raíz clara: “Estamos asistiendo a una polarización excesiva entre los menores. Hay una falta de respeto al diferente, al débil, que se traduce en agresiones, en bullying, en abusos. Y esto ocurre tanto en menores como en mayores de edad”.

El fiscal lo vincula directamente con el consumo de contenidos violentos en redes sociales, la ausencia de referentes estables y un modelo social cada vez más individualista: “Hoy muchos chavales no tienen una estructura de valores ni referencias sólidas. Si a eso se suma la idea de que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias, el resultado es preocupante”.

En este sentido, Gastaldi ha puesto el foco en los menores de 14 años, que no pueden ser procesados por la vía penal. La Ley reguladora de la responsabilidad penal del menor establece que solo a partir de los 14 años se puede actuar judicialmente. “No tenemos mecanismos para intervenir penalmente con los más jóvenes. Si tienen una estructura familiar teóricamente normal, lo único que se puede hacer es devolverlos a sus padres o, en caso contrario, enviarlos a un centro de guarda. Pero no hay una intervención judicial efectiva”, ha explicado.

Esto genera, situaciones absolutamente injustas. “En algunos colegios, el alumno agredido es el que acaba marchándose, mientras el agresor se queda. Y no se puede hacer nada porque la ley no lo permite. Incluso si después se demuestra que los hechos fueron ciertos”.

Gastaldi reconoce que esta impotencia legal tiene un impacto directo en las víctimas, pero también en el resto de alumnos, que crecen con la sensación de impunidad: “Muchos menores literalmente piensan: hago lo que me da la gana porque no me castigan. Y eso debería preocuparnos a todos”.

La solución, para el fiscal, no pasa exclusivamente por endurecer la legislación. De hecho, ha insistido en que “no todo debe resolverse en los tribunales”. La clave está en actuar desde las familias, desde los centros educativos y desde las administraciones públicas: “Primero debe intervenir la familia. Después, la administración. Y solo si todo falla, entonces actuar la Fiscalía o los juzgados. Pero no al revés”.

En ese sentido, ha apelado a que tanto la Conselleria de Educación como los propios centros tengan la valentía de actuar ante casos de violencia, incluso si los menores son inimputables: “Yo no digo que haya que imponer castigos. Pero sí se pueden tomar medidas higiénicas, llamémoslo así. Cambios de clase, medidas de prevención, seguimiento social. Intervención educativa. Lo que no se puede es mirar hacia otro lado”.

Antonio Gastaldi también ha recordado su experiencia como director general del menor hace unos años, y ha asegurado que “sí existen mecanismos administrativos eficaces para actuar”, siempre y cuando se utilicen con decisión. Desde los equipos de orientación de los centros escolares hasta los servicios sociales municipales y autonómicos, hay estructuras preparadas para intervenir en estas situaciones. “El problema es cuando se pasa la pelota de una institución a otra y nadie hace nada”, ha advertido.

La entrevista en Herrerra en COPE Comunidad Valenciana también ha servido para lanzar una reflexión más amplia sobre el momento social que vivimos. “Hay una desestructuración social evidente, una pérdida de confianza en las instituciones, un pasotismo generalizado. Y eso también llega a los menores. Ellos lo ven, lo imitan, lo replican”, señala.

El fiscal ha sido muy claro al concluir: “La violencia entre menores no es solo un problema legal. Es un síntoma de algo más profundo: de una sociedad que no está sabiendo transmitir sus valores a las nuevas generaciones. Y si no lo corregimos desde la base, la justicia no va a poder con todo”.

Desde los micrófonos de COPE, Gastaldi ha hecho un llamamiento a la sociedad valenciana: a los padres, a los educadores, a las instituciones. Porque la violencia que hoy vemos en los patios de colegio, en las redes sociales o en los juzgados de menores, es solo el reflejo de una crisis mucho más amplia. Una crisis que interpela a todos y que, si no se afronta con firmeza, amenaza con cronificarse.

La Comunitat Valenciana, como muchas otras regiones de España, está ante una encrucijada. Los casos de violencia juvenil ya no son hechos aislados. Son parte de una tendencia que necesita ser frenada. Y como bien resume el fiscal Gastaldi, “esto no va solo de leyes. Va de educación, de familia, de valores. Y de responsabilidad colectiva”.