De protectores a investigados: estalla el caso VioGén en la Policía Local de Granada

El Ayuntamiento de Granada ha reubicado a tres agentes de la Policía Local que hasta ahora formaban parte del Grupo Mujer-Menor, especializado en la atención a víctimas de violencia de género. Esta decisión llega después de que el Ministerio del Interior les retirara el acceso al sistema VioGén, en el marco de una investigación judicial en curso sobre el uso indebido de esta herramienta de seguimiento y protección.

El sistema VioGén, gestionado por Interior, permite a las fuerzas de seguridad consultar y evaluar el riesgo de las víctimas de violencia machista. La revocación de acceso por parte del Ministerio supone una medida excepcional que suele adoptarse únicamente cuando se detectan posibles usos irregulares o incompatibilidades con las funciones asignadas.

nuevo destino polémico

Según fuentes municipales, la reubicación de los agentes es una medida "preventiva" mientras avanza la investigación. Uno de los afectados, un subinspector de la Policía Local, ha sido destinado a la Academia de Formación del cuerpo, tras haber solicitado un cambio de destino alegando motivos personales. Desde el Ayuntamiento insisten en que este traslado no implica ni ascenso ni privilegio alguno, y que sus funciones serán puramente administrativas.

La causa judicial, abierta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, investiga el acceso presuntamente indebido al sistema VioGén por parte de varios agentes del Grupo Mujer-Menor, con el objetivo de obtener información sobre una víctima, antigua pareja de uno de los policías implicados. Ese mismo agente ya había sido denunciado previamente por delitos de violencia de género.

herramientas policiales

Desde el Consistorio granadino se subraya su compromiso con la protección de las víctimas y con el respeto escrupuloso de los protocolos de confidencialidad y uso responsable de las herramientas policiales. La Concejalía de Seguridad ha indicado que se está colaborando con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, si las hubiera.

Este caso vuelve a poner el foco en la necesidad de garantizar una formación específica y un control riguroso sobre los sistemas de información sensibles, especialmente aquellos diseñados para proteger a las personas más vulnerables. Organizaciones feministas y partidos de la oposición han pedido transparencia en el proceso y máxima contundencia si se confirma un mal uso del sistema.