El plan de los okupas para esquivar el desalojo exprés de la nueva ley en España: este grupo se libra de las medidas

La Ley Orgánica 1/2025, promocionada por el Gobierno como la solución definitiva contra la okupación, prometía desalojos exprés en 15 días. Sin embargo, la realidad judicial y las estrategias de los ocupantes ilegales han convertido esa promesa en un espejismo. Mientras las autoridades insisten en la eficacia de la norma, los okupas ya han desarrollado tácticas para eludirla: desde falsificar contratos hasta aprovechar la saturación de los juzgados.

Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO), lo resume con crudeza en una entrevista en Herrera en COPE: "Esta ley es un parche. Los okupas siguen jugando con ventaja, y los propietarios siguen desamparados".

 El talón de Aquiles de la nueva ley de okupas  

La reforma, que entró en vigor el pasado 3 de abril, agiliza los juicios rápidos para casos de allanamiento de morada (viviendas habituales) y usurpación (segundas residencias o locales). Pero hay un requisito clave: la okupación debe ser flagrante y sin ningún documento que la justifique. Ahí radica el primer vacío. "Basta con que presenten un recibo falso o un contrato simulado para que el juzgado archive el procedimiento exprés y lo convierta en un juicio ordinario, que puede durar meses", explica Bravo.

Los foros y redes sociales donde se intercambian modelos de contratos falsos están más activos que nunca. Incluso se han detectado casos en los que los okupas reclutan a terceros para declarar como "testigos" de una supuesta cesión verbal del inmueble. "Es una farsa, pero judicialmente obliga a investigar. Y cada día que ganan es un mes más de okupación", denuncia el portavoz de la PAO.

 Inquiokupas: el gran agujero negro  

La ley ignora por completo a los inquiokupas, el perfil más numeroso: inquilinos que, tras dejar de pagar, se niegan a abandonar la vivienda. "El 80% de las denuncias que recibimos son de este tipo. La ley no les afecta, y los propietarios siguen atrapados en juicios civiles que se alzan años", lamenta Bravo. Un ejemplo es el caso de Pilar, una pensionista que lleva cinco años sin poder recuperar su piso y cuyos suministros básicos siguen a su nombre.

 El problema de la ley ágil en Barcelona  

Aunque la norma elimina el estudio de vulnerabilidad —un trámite que antes retrasaba los desalojos si había menores—, la falta de medios en los juzgados anula su potencial. "En Barcelona, hay juicios rápidos de hace tres años. ¿De qué sirve una ley ágil si no hay jueces para aplicarla?", cuestiona Bravo. La Audiencia Provincial de Barcelona ya ha alertado de que la medida no es extrapolable a toda España, lo que genera inseguridad jurídica.

Los okupas no solo se aprovechan de los resquicios legales. Algunos colectivos han empezado a usar tácticas de presión social, presentándose como "víctimas de desahucios injustos" para ganar apoyo en redes y movilizar a activistas. "Es un teatro. Invaden una casa, falsifican papeles, y cuando llega la policía, graban vídeos llorando para viralizarlos", denuncia Bravo.

 Alternativas contra la okupación  

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Mientras en países como Francia la policía puede actuar sin orden judicial si no hay contrato, en España todo depende de una sentencia firme. Bravo reclama medidas más contundentes: "Necesitamos voluntad política. Que los jueces prioricen estos casos y que se persiga penalmente la falsificación documental". En cualquier caso, la reforma antiokupas ha quedado en poco más que un gesto simbólico.

Los datos del Ministerio del Interior muestran un aumento del 7,4% en ocupaciones ilegales en 2024, y los propietarios siguen sin herramientas reales para recuperar sus hogares. "Nos vendieron velocidad, pero todo sigue igual. Los únicos que celebran son los okupas", sentencia Bravo. Mientras, el Gobierno insiste en que la ley es "un éxito", aunque sus cifras no incluyan a los inquiokupas, los grandes olvidados de esta batalla