La reducción de jornada laboral echa el freno, pero Yolanda Díaz avisa de una nueva obligación: te afecta como trabajador

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que  aunque no salga adelante la reducción de la jornada laboral, el Gobierno sí va a cambiar el sistema de registro horario de las empresas mediante un Real Decreto. Es decir, el control de las horas que trabaja cada persona será más estricto y claro, lo que obligará a las empresas a llevar un registro más fiable.

Díaz explica que el principal motivo por el que los empresarios se oponen a reducir la jornada no es tanto el número de horas, sino el hecho de que la reforma también incluye controles más duros sobre el tiempo que realmente trabaja cada empleado. Según ella, hay empresas que hacen firmar registros "en blanco", sin reflejar la jornada real, y eso va en contra de las normas europeas.

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De hecho, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligan a España a mejorar ese sistema de registro, haciéndolo más objetivo, exacto y compatible con otros sistemas. Por eso, Díaz asegura que este cambio se aplicará con o sin acuerdo de los partidos, porque es una obligación legal.

La ministra también ha criticado que algunas organizaciones empresariales están llamando a rechazar la reforma en el Congreso, lo que califica como una actitud grave y contraria al respeto a las leyes europeas.

Aun así, Díaz cree que la jornada de 37,5 horas semanales acabará aprobándose. Puede tardar, pero asegura que saldrá adelante porque afecta a más de 12 millones de personas trabajadoras en España.

 El plazo de enmiendas a la reducción de jornada se dilata

Entretanto, el Congreso ha decidido alargar una vez más el plazo para que los partidos presenten cambios o propuestas sobre la ley que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La nueva fecha límite será el 11 de junio, una semana más allá del plazo anterior, que acababa el 4 de junio.

La propuesta, que fue presentada por el Ministerio de Trabajo el 13 de mayo, se está tramitando por vía urgente para acelerar su aprobación. Sin embargo, hasta ahora, ningún grupo parlamentario ha entregado enmiendas. 

Incluso Junts, que anunció su intención de rechazar el texto completo, aún no ha formalizado nada. Sus votos, sin embargo, son clave para que la ley salga adelante.

Mientras tanto, el Gobierno sigue negociando con distintas formaciones políticas para conseguir los apoyos necesarios. El Congreso puede seguir extendiendo estos plazos tantas veces como lo acuerde su Mesa, lo que da margen para continuar con las conversaciones y ajustes.

 ¿Y si la empresa no cumple con estas medidas?  

En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada cuando no exista registro o los datos sean falseados.

Los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras se calificarán como infracción muy grave y conllevarán multas de entre 1.000 y 10.000 euros.

Las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos que aseguren el cumplimiento de lo previsto en la norma, en particular, lo establecido respecto a la duración de la jornada.

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